TORTURA Y VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS EN CARCELES BONAERENSES

La tortura, los malos tratos y las condiciones de detención inhumanas son escenarios típicos de las cárceles Argentinas, violando masivamente los derechos de las personas privadas de libertad.


Diego García, un joven de dieciocho años fue encarcelado por un crimen que no cometió.
Según los amigos de Diego lo sucedido fue muy extraño, un sábado a la noche Diego, Martín, Pablo y Sebastián salieron de un bar ubicado en libertador al 1500, donde a pocas calles encontraron un bolso negro. Diego lo tomó y en segundos aparecieron dos patrulleros que lo llevaron detenido. El bolso contenía artículos robados y Diego había sido confundido por la policía como el ladrón.
Ni la familia, ni su abogado pudieron evitar que Diego pasara tres semanas en la cárcel Magdalena por un delito que no cometió.
En la prisión la vida era difícil, había muchos reclusos por celda y “no del tipo más amistoso” comenta Diego entre risas.
Durante la primera semana fue víctima de violaciones y golpizas. Del otro lado de las rejas sus amigos y familia lo veían adelgazar alarmantemente, a los diez días enfermó de fiebre.
Los malos tratos pararon cuando Diego comenzó a canjear cosas que su familia llevaba por protección o, en palabras del joven “para que no me mataran”.
Finalmente Diego fue liberado por falta de evidencia en septiembre de este año.
Distintos organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios de Ejecución Penal, Procuración Penitenciaria y Amnistía Internacional, afirman que la tortura, los malos tratos y las condiciones inhumanas de detención siguen presentes en las cárceles Argentinas. Se trata de una violación masiva de los derechos de estas personas privadas de su derecho a la libertad, evidenciando la ineficiencia de los organismos reguladores y del gobierno.“El problema carcelario no es un problema de obra pública sino de política penitenciaria” afirma el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el Dr. Sergio Ramírez.

Según los estudios realizados por el CELS, entre 1990 y 2005 la población carcelaria en provincia incrementó fuertemente. En el 2000 el organismo registra un crecimiento del 22% en relación al año anterior. Entre 1999 y 2007 el aumento es del 80%. Esta sobrepoblación de las cárceles derivó en el alojamiento de criminales en comisarías bajo condiciones infrahumanas.

El informe “Las cárceles en Argentina” de la institución Defensor del pueblo de la Nación, revela que la sobrepoblación carcelaria era del 14.5% en el 2006. Solo el 43% de los internos tiene estudios primarios completos y 4,5 % de presos están infectados con el virus HIV.
Según este estudio, el sistema carcelario es un medio violento en el que se llevan a cabo diferentes formas de degradación de los derechos humanos, estos tratos son nocivos a la integridad moral y física de las personas. Los constantes motines en las unidades penitenciarias ponen en evidencia los errores del sistema. El más notorio de estos levantamientos fue el 2005 en la cárcel Magdalena que concluyó con la muerte de 33 internos de los cuales dos eran menores de edad, violando el derecho de los menores de edad a no ser privados de su libertad. La mitad de los fallecidos no había sido encontrado culpable de delito alguno.

Los calabozos de las cárceles se encuentran en condiciones precarias de higiene y conservación. No se cuenta con un quirófano para mínimas o medianas heridas. El 84% de los detenidos en cárceles se encuentra “procesado” es decir, no se le ha encontrado culpable de delito, esto esta en violación directa del principio de presunción de inocencia.

A su vez se han registrado denuncias por parte de los internos del uso de “picanas eléctricas” como método de tortura. Sin embargo el método de sanción más comúnmente aplicado es el aislamiento individual, donde el preso es recluido a un espacio reducido con poca luz, sin mantas o cama, con poco alimento y sin instalaciones sanitarias. El 64% de los 939 presos entrevistados por la Procuradora de la Nación dijo haber sido maltratado moral y físicamente.
Como consecuencia del informe de la Procuradora Penitenciaria Nacional la organización Amnistía Internacional envió una carta en julio de este año al Ministro de Justicia y Derechos Humanos Aníbal Fernández, denunciando que en las cárceles argentinas se somete a los internos a tratos inhumanos y degradantes exigiendo al gobierno el cese de las violaciones a los Derechos Humanos en prisión.
Sin embargo el organismo gubernamental que regula el funcionamiento de las cárceles, la Comisión de Cárceles afirmó que el informe “no se ajusta a la realidad”.
Las cárceles argentinas “son cada vez más parecidas a los campos de concentración. (…) donde domina, una lógica de excepción, que deja en letra muerta a la mayoría de los derechos” comenta para este artículo Claudio Martyniuk docente universitario y periodista del diario Clarín.
En Argentina como en muchos otros países las cárceles no están condicionadas para realizar la rehabilitación de quienes las ocupan, algunas - la gran mayoría- no cuentan con las mínimas condiciones sanitarias necesarias, los criminales al entrar son despojados de su condición humana y de sus derechos, y en su encarcelación, solo se piensa en como salir para volver a delinquir.¿A caso la condena es una simple demora de aquello que fue causa de dicha condena? Un tanto confuso por cierto, pero la verdad es que, sin rehabilitación, no estamos llegando a ningún lado.

(Fuentes usadas para este artículo: CELS, Procuradora Penitenciaria Nacional,Institución Defensor del pueblo de la Nación,testimonio por contacto personal)